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“La raíz de los derechos del hombre se debe buscar en la dignidad que pertenece a todo ser humano”. (Doctrina Social de la Iglesia #153)

Los derechos humanos representan un aspecto de imprescindible reconocimiento y valoración en cualquier sociedad. De acuerdo a la Doctrina Social de la Iglesia, “la fuente última de los derechos no se encuentra en la mera voluntad de los seres humanos, en la realidad del Estado o en los poderes públicos, sino en el hombre mismo y en Dios su Creador. Estos derechos son universales e inviolables”. (#153)

El derecho a la vida, el derecho del hijo a crecer bajo la protección de sus padres biológicos, el derecho al trabajo y el derecho a la libertad religiosa, son algunos de los postulados esenciales que reconoce la Iglesia. Otro documento de vital importancia sobre este particular es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 10 de diciembre de 1948.

Definido por el Beato Juan Pablo II como “una piedra miliar en el camino del progreso moral de la humanidad”, este valioso escrito representa el convenio entre diferentes países más trascendente del siglo XX. Su creación, luego de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), tenía como eje central el respeto a la dignidad e integridad humana.

“Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad […]; se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”, afirma la Declaración en su preámbulo.

 

El caso de Puerto Rico

En la Isla, lamentablemente, han ocurrido diversas instancias donde se han violentado los derechos humanos. De manera inicial, acuden a la memoria algunos conflictos laborales entre sindicatos y patronos, que muchas veces han sido difundidos en otros países a través de los medios de comunicación, dejando al descubierto páginas nefastas de la historia puertorriqueña.

En 1998, la Unión Independiente de Empleados Telefónicos (UIET) y la Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos (HIETEL) se lanzaron a la calle para protestar en contra de la privatización de la Puerto Rico Telephone Company, que hasta ese momento estaba bajo la administración del Estado.

Denominado como “la huelga del pueblo", pues empleados, familiares, sindicatos de otras empresas, representantes de diferentes sectores y ciudadanos particulares se unieron al reclamo, este conflicto obrero patronal pasó a la historia como uno de los más duraderos y violentos. Por alrededor de 40 días, los medios transmitieron imágenes y videos aterradores que evidenciaban la terrible tensión entre los huelguistas y la división de la Fuerza de Choque de la Policía. Hubo gritos, llantos, dolor y hasta corrió la sangre de los manifestantes por las calles, producto de los golpes que recibieron a manos de la Uniformada.

Imágenes de rostros y cuerpos ensangrentados inundaron los periódicos y los telenoticiarios durante ese verano, mientras el Estado se mantuvo impávido. “Los sindicatos son propiamente los promotores de la lucha por la justicia social […]. Esta lucha debe ser vista como una acción de defensa normal a favor del justo bien”. (DSI, #306)

El exceso de fuerza policíaca parece ser el denominador común en la mayoría de los casos de violaciones a los derechos humanos en el País. En el año 2010, grupos de estudiantes, profesores y demás manifestantes sufrieron insultos, empujones, patadas y macanazos de parte de la Policía en la huelga de la Universidad de Puerto Rico, tanto en los terrenos de la comunidad universitaria, como en los predios del Capitolio. La protesta respondió a un aumento en las cuotas que debían pagar los alumnos durante el proceso de matrícula.

Cabe destacar que las voces en contra de este acontecimiento fueron elevadas a organizaciones internacionales, entre ellas, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la ONU. De hecho, Amnistía Internacional, movimiento global y organizador de campañas a favor de los derechos humanos, señaló a Puerto Rico en su informe de 2011 por violentar los derechos de los estudiantes.

Entre los datos contenidos en el documento, se describen escenas en las que un agente de la Policía le aplica una descarga eléctrica con pistola Taser a un estudiante, mientras otros tres uniformados lo inmovilizaban. Además, se denuncia el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza, gas pimienta y macanas.

Por otro lado y tan reciente como un mes atrás, el Estado firmó una ley que viabiliza un referéndum en el que los ciudadanos votarían a favor o en contra de limitar el derecho absoluto a la fianza, cobijado por la Constitución de Puerto Rico, para los acusados de ciertos tipos de asesinatos. Desde que se presentó el proyecto de ley en la Legislatura, las protestas no se han hecho esperar.

Diversas organizaciones y sectores, incluidos líderes religiosos de diversas denominaciones, han alertado sobre la gravedad de limitar el derecho a la fianza y argumentan que esta determinación atentaría directamente contra otro derecho: la presunción de inocencia. El Gobierno, por su parte, ha señalado que la propuesta no va dirigida a eliminar derechos constitucionales, sino a equiparar a los jueces en Puerto Rico con las mismas reglas que tienen los jueces federales, exclusivamente en casos de asesinato.

En pleno siglo XXI, es triste observar que un país democrático y con una Constitución de avanzada sea señalado internacionalmente por violaciones a los derechos humanos. Conviene, en este año electoral, llamar la atención sobre la protección de los derechos humanos, por parte de los candidatos a puestos electivos. Elevar la discusión a la agenda pública, garantizará su legítima defensa.

“La promoción integral de todas las categorías de los derechos humanos es la verdadera garantía del pleno respeto por cada uno de los derechos”. (DSI, #154)


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